Infraestructura

Pide IMEF a Congreso y SCJN analizar impactos de la reforma eléctrica

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El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) emitió un exhorto al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se ocupen de analizar los impactos de la iniciativa de reforma eléctrica, anteponiendo los intereses de la nación sobre consideraciones políticas y de esta forma garantizar el respeto a nuestra Carta Magna.

Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, reiteró que la aprobación de la Iniciativa en los términos en los que está planteada resulta contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional.

Dijo que entre las situaciones negativas que plantea la iniciativa presentada el pasado 30 de septiembre por el Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como nueve artículos transitorios, se encuentra la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), lo que reducirá la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.

“Se atentará gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores. Se afectará la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a nuestros competidores comerciales internacionales y dañará de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano”, precisó.

Esta situación, añadió el presidente del IMEF, dará una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad de nuestro estado de derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento.

Hernández Bringas, agregó que además, de aprobarse como está retrasará al país dentro de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos y se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad y se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del país, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevará los costos del propio gobierno y reduciría la capacidad operativa de la CFE.

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