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Jueces y despachos les quitaron a miles su casa: Sánchez Cordero

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Despachos de abogados en contubernio con jueces y con la omisión del entonces director del Infonavit David Penchyna, despojaron a miles de familias de sus casas, afirmó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado.

Al término de la presentación del Foro de Justicia Cotidiana: “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis. Vivienda Adecuada”, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) expresó que de las tres veces que presidió la Asamblea General del Infonavit se enteró de que había casi 250 mil juicios fraudulentos principalmente en Nayarit.

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Acuso que no hay ruta para que las familias despojadas de sus casas recuperen su patrimonio, porque las sentencias fueron emitidas por jueces y se pasaron los tiempos para impugnar, “formalmente con estos pillos tanto de jueces como de despachos, los despojaron y cuando menos con la omisión del entonces director de Infonavit, él debió darse cuenta de los miles de juicios”, afirmó la senadora.

Explicó que el modus operandi era el siguiente: “los proyectos de resolución los hacían despachos privados se los llevaba al juez a su casa para solo firmaba la sentencia, y como las familias no sabían por eso nadie impugnada ni en la sala de apelación y menos en la de amparos”.

“Se realizaba el procedimiento sin garantía de audiencia, un juicio de Chiapas o Tabasco era llevado en Nayarit. Voy a conminar a las autoridades de la fiscalía que den avance en estas denuncias que el exgobernador Antonio Echevarría Domínguez hizo a la fiscalía y esperaría que siguieran en curso de las investigaciones.”

La presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar Gil, señaló que en las unidades jurisdiccionales de Nayarit había casi 211 mil viviendas a juicio y fueron unas 60 mil familias despojadas de sus viviendas con un quebranto de aproximadamente 257 millones de pesos.

En este marco, Sánchez Cordero urgió aprobar en este periodo legislativo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya tiene un retraso de cinco años. “Traemos un desface de un mandato constitucional, desde 2017, ya cinco años”.

Según datos del Inegi el 70 por ciento de los juicios a escala nacional son en materia civil y familiar, el 38 por ciento en materia familiar, en material civil 25. 3 por ciento, en materia mercantil 22. 2 por ciento y el 10 por ciento correspondía a penales.

De un millón 577 mil asuntos, 64 por ciento correspondía a la materia civil y familiar, lo que se traduce en más de un millón de nuevos expedientes año con año en la materia.

Señaló que hay temas que no estaban incluidos, como perspectiva de género, perspectiva de infancia, que ahora están incluidos en el proyecto de Código que elabora Alejandro Sacbé.

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