Tras la eliminación del subsidio federal para la adquisición de vivienda para los trabajadores con ingresos menores a 2.8 salarios mínimos y el encarecimiento de la tierra podría generar una crisis en cuanto a vivienda económica, advierten desarrolladores de Querétaro.

En ese mismo sentido indicaron que el cambio de estrategia por parte del Gobierno Federal en materia de vivienda podría derivar en la creación de asentamientos irregulares, carentes de servicios, los cuales incrementarán los problemas sociales y afectarán la seguridad en el estado.

Los desarrolladores refirieron que durante el 2018 la asignación subsidios federales sostuvo un comportamiento descendente, lo cual significó que menos personas tuvieron la posibilidad de acceder a una vivienda de interés social.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), durante el 2018 se otorgaron seis mil 948 subsidios, cifra que refleja un 25.57% menos en comparación con el año anterior.

Al respecto Ricardo Torres, presidente de la Cámara Nacional del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) de la entidad, externó su preocupación, puesto que la nueva administración federal no contempla la asignación de recursos para vivienda nueva y aseguró que se encuentran trabajando para hacer frente a esa reducción presupuestal.

Cabe destacar que Querétaro cuenta con una oferta de vivienda de interés social de cinco mil 700 casas contra una demanda por parte de los trabajadores de 183 mil hogares,  los cuales al no poder adquirir una vivienda de este tipo deciden vivir alejados de sus centros de trabajo generando asentamientos irregulares.

Abigail Arredondo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Pública de la Legislatura del Estado, señaló que el subsidio no desapareció, sino que está siendo administrado directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia que no ha dado a conocer las reglas de operación y la forma en que se distribuirán los recursos.

La diputada no descartó la posibilidad de que la dependencia otorgue los recursos con enfoque hacia la ampliación o la autoconstrucción y no para la adquisición de vivienda nueva, puesto que será la Conavi quien se encargue de dicha acción, brindando prioridad a quienes se encuentran en rezago habitacional o no cuentan con el financiamiento suficiente.

Asimismo consideró un gran reto para los desarrolladores edificar vivienda de interés social, puesto que para ello se requiere que el costo por metro cuadrado de la tierra sea de entre 150 y 200 pesos, lo cual no ha sido posible.