Avalancha de amparos contra Padrón de Telefonía Móvil

A pesar de que ahora son varios los amparos concedidos con jueces a usuarios de celulares contra el decretado Padrón Nacional de Telefonía Móvil (Panaut) en los siguientes días y hasta el 31 de mayo que se vence el plazo legal, serán avalanchas de amparos contra una medida “inútil e innecesaria” del gobierno federal y que transgrede los derechos humanos de los mexicanos al hacer obligatoria la entrega de datos biométricos.

Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, en entrevista con En Concreto, señaló que en las próximas dos semanas abrirán al público una plataforma que están habilitando y que será gratuita, para que los usuarios de servicios de telefonía, puedan presentar su queja contra un padrón que no sólo no servirá de nada para abatir a la delincuencia sino que es peligroso para la privacidad y seguridad de la ciudadanía y es propio de un régimen “autoritario”.

Al sumarse a las voces en contra de esta medida con la que no hay ninguna opinión positiva de profesionales de la academia, industria, sector privado, reguladores y usuarios y que se presume afecta a las más de 126 millones de líneas en tenencia de los mexicanos en las modalidades de prepago (82.2% del total o 103.5 millones) y pospago (17.8% restante o 22.5 millones), el activista explicó el porque al rechazo de esta decisión del partido en el gobierno y su mayoría en el Congreso.

“¿Porque es inútil e innecesario?, porque es absurdo creer que la delincuencia va a registrar sus teléfonos, va a utilizar teléfonos asociados a su nombre para cometer delitos, es una franca estupidez, creer que eso va a suceder. La realidad es que la delincuencia cuenta ya y seguirá contando con múltiples maneras de eludir este padrón, pueden usar chips de telefonía de otros países como Estados Unidos donde no se requiere ningún requisito para comprar un chip de telefonía, pueden usar chips duplicados o clonados o robados, plataformas de voz sobre ip que te permiten enmascarar , hacer llamadas incluso modificando el número que aparece en el identificador de llamadas y en fin”, precisó.

Indicó que además es innecesario porque la autoridad ya cuenta con múltiples facultades y técnicas de investigación como geolocalización en tiempo real en equipos de comunicación, pueden acceder al historial de llamadas con orden judicial, inhibir señales de comunicación en las cárceles y penales que es donde salen más del 60% de las llamadas de extorsión y hay las suficientes herramientas para combatir a la delincuencia pero “hay incompetencia, hay corrupción, colusión, cobardía para enfrentar a los autogobiernos en las cárceles y en los penales y son pretextos ante la falta de resultados en la estrategia de seguridad.

García Muñoz, dijo que lo peor es que aunque no sirve de nada, es una herramienta que suscita una serie de violaciones a los derechos de las personas al establecer que personas inocentes puedan verse involucradas en hechos delictivos porque le dieron mal uso a sus teléfonos que les sustrajeron los ladrones, se ataca la privacidad y no es más que un refrito del viejo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía que se aprobó durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, que no sirvió tampoco porque el delito de extorsión mientras estuvo en marcha subió a más del 40%.

Las dictaduras piden ese tipo de datos

Por esa razón, el director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, indicó que al ser una medida de corte autoritario porque menos de 20 países en el mundo exigen la entrega de datos biométricos para la compra de un chip de telefonía, “son principalmente dictaduras como China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela a la que acaba de sumarse México poniendo al país en una ruta autoritaria y de control sobre la población propia de regímenes dictatoriales y no de un estado democrático como debe ser nuestro país”.

En esa línea, señaló que una vez que la Ley ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, corre un plazo de 6 meses para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) emita lineamientos y luego otro periodo de 6 meses para que los operadores telefónicos comiencen a exigir a sus usuarios los datos biométricos para venderles un chip de telefonía, de ahí corre un lapso de 2 años para entregar los biométricos para que la línea no sea cancelada.

“Es por eso que la acción inconstitucional la puede interponer alguna minoría del Congreso, el INAI y la CNDH que tienen la obligación de hacerlo de manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional esta reforma. Adicionalmente es previsible que las compañías telefónicas interpondrán juicios de amparo y por nuestro lado, en la plataforma que estamos habilitando noalpadron.mx donde las personas podrán enviar un mensaje a los actores mencionados de que interpongan una queja por inconstitucionalidad y facilitaremos información para que las personas puedan interponer un juicio de amparo y hay tiempo para hacerlo porque el plazo es hasta el 31 de mayo”, concluyó.

En su oportunidad, Ernesto Piedras, Director General de The Competitive Intelligence, consideró que entre los impactos previsibles se encuentra que en el mercado de telecomunicaciones móviles en México, se comercializan de forma trimestral 12 millones de líneas o SIMs, adquiridos en diversos puntos de venta como tiendas de conveniencia, abarrotes, autoservicio y departamentales

Con el Panaut se erigirán costos significativos para estos puntos de venta, dificultando aún más su desplazamiento, sobre todo en comunidades remotas. Esto impone barreras a la contratación de servicios para los usuarios, siendo los más afectados aquellos que se encuentran en zonas rurales y semiurbanas.

“Por otra parte, los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) con modelos de negocios 100% digitales, es decir, que no cuentan con establecimientos físicos para la recolección de datos, no podrán cumplir con las obligaciones impuestas por el PANAUT. Esta circunstancia generará barreras al desarrollo de estos y otros competidores, con costos significativos, incluso perpetuando la elevada concentración de mercado que padece nuestro sector”, indicó.

Asimismo, señaló que se ha proyectado que el regulador deberá destinar alrededor de 100 millones de pesos al año para la administración del padrón, institución que por su naturaleza no funge como órgano de gestión de información y resguardo de bases de datos, por lo que no cuenta con capacidades técnicas ni de capital humano para una encomienda semejante.

El economista, mencionó que hoy se está aplicando un mecanismo en México que a quien más perjudica y vulnera es al consumidor y no a los agentes criminales.

Medida inconstitucional

En su oportunidad, Armando Reyna Ballesteros, docente de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali, señaló que la exigencia de datos biométricos da pie a la integración de una base de datos con información de los titulares de cada línea telefónica, entre ellos el número, fecha y hora de la activación, nombre completo, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía, CURP, y datos biométricos de los usuarios; es decir, huellas dactilares, el iris de los ojos, las facciones del rostro, el tono de la voz y la firma, entre otros.

“Por esto, muchas voces se han pronunciado para externar que se trata de una medida inconstitucional, autoritaria y que no incluye mecanismos confiables para proteger los datos personales. Algunos expertos consideran que propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento y que fomentará otro tipo de ilícitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad y los secuestros. Queda claro que esto, no ayudará a disminuir la brecha digital y que los delincuentes podrían utilizar dispositivos móviles de otros países”, mencionó.

Agregó que por su elevado costo de implementación y administración de la base de datos, las constantes infracciones, las posibilidades de omisión y de accesos no autorizados, podrían ocurrir muchas irregularidades.