México Evalúa alerta sobre fallas en la vigilancia de Pemex y CFE

Aunque Pemex y CFE ejecutarán este año el equivalente al 20% del gasto público total, cerca de un billón 230 mil millones de pesos, las pérdidas registradas por estas empresas sumaron aproximadamente 703 mil millones de pesos al primer semestre del presente año, afirmó la organización México Evalúa.

Sostuvo que más allá de ser sólo una cuestión de finanzas públicas, tal situación está íntimamente relacionada con fallas puntuales en el gobierno corporativo de las empresas.

Al presentar el Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas, destacó la falta de seguimiento del Congreso al cumplimiento de objetivos de estas empresas.

Ello, aunado a los conflictos de interés a partir de la presencia de miembros del Ejecutivo federal en sus consejos de administración y la baja prioridad que se le da a la política anticorrupción y de responsabilidad social en estos consejos.

Edna Jaime, directora general de México Evalúa, destacó una problemática general: “Esta administración se ha caracterizado por influir indebidamente para favorecer a Pemex y a CFE en distintos rubros del mercado energético.

Enfatizó que estas malas prácticas ya tuvieron consecuencias: la inversión extranjera directa del sector energético pasó de 6 mil 820 millones de dólares en 2018 a sólo 1 mil 119 millones de dólares al primer trimestre de 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Por otra parte, el Mapa subraya que la falta de supervisión por parte del Estado —o su influencia indebida— puede minar los incentivos de las empresas públicas para actuar en consideración del mejor interés de la empresa y de los ciudadanos, los cuales, en última instancia, son lo más parecido a sus accionistas. Bajo esa lógica, el documento propone una serie de mejoras y recomendaciones de política pública.

“Las mejoras que proponemos en materia de vigilancia al gobierno corporativo de Pemex y CFE buscan construir un Estado más responsable en el control de sus empresas».

Esto implica el reconocimiento de las diferencias en las funciones que se ejercen sobre ellas, y una mejora sustancial en materia de rendición de cuentas de cara a los ciudadanos”, apuntó María Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.