Conéctate con nosotros

Destacada

Regularización de autos chocolate, no inhibirá delincuencia, sí economía

Publicado

en

Riesgo de convertir a México en «basurero automtriz», advierten especialistas

La industria automotriz nacional que en otrora fuera la joya de la corona de la economía mexicana, atraviesa por su peor momento y no solo por cuestiones externas o globales como el Covid-19, la falta de semiconductores, la posible aprobación de incentivos fiscales a la industria de ese país en autos eléctricos, sino a la entrada permitida por parte del gobierno federal, a los denominados autos chocolates o ilegales donde cada 100 vehículos pesados nuevos vendidos, se han importado 35 adicionales usados, cifra que se incrementará con el decreto presidencial.

El pasado 19 de octubre entró en vigor un acuerdo emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para incentivar a los residentes de la región fronteriza norte a legalizar sus vehículos e instruyó a diversas Secretarías, entre ellas la de Hacienda y Crédito Público, Economía y Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro de sus respectivas competencias elaboren un programa útil para incentivar a las personas físicas residentes en las entidades que conforman la región fronteriza norte, a legalizar sus vehículos.

Incluso, el primer mandatario invitó a los michoacanos que tienen familia en Estados Unidos, a traer al territorio mexicano autos chocolate y regularizarlos antes del 31 de diciembre, al señalar que “todos tienen derecho a ser felices”.

En contraparte, les dijo a los vendedores legales de automóviles que “no sean ambiciosos”. Esto por su oposición al decreto presidencial.

A partir del acuerdo, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, incluyendo a Baja California Sur, podrá llevarse a cabo la regularización de automóviles usados de procedencia extranjera. Por solo 2,600 pesos, cualquier persona podrá regularizar un auto de contrabando, golpeando al mercado formal que cumple con la ley y contribuye a la economía nacional y al fisco.

Para el catedrático Cristian Fernando Juárez Aguilar, docente de la Escuela de Derecho de CETYS Universidad Campus Mexicali, con dicho acuerdo, se sientan bases para que las autoridades elaboren un programa para la regularización de los llamados autos chocolate, sin existir todavía un decreto como tal, en el cual se precisen los requisitos para llevar a cabo dicha regularización.

“En segunda instancia cabe mencionar que dentro de las generalidades de este acuerdo es posible apreciar que únicamente las personas físicas podrán regularizar vehículos extranjeros, excluyendo con ello a las personas morales, esto atendiendo al fin, naturaleza social y apoyo hacia cierto sector de la sociedad a quien va dirigido, tal y como lo menciona el referido acuerdo, así como continuar implementando mecanismos que coadyuven a las familias más necesitadas a obtener certeza jurídica sobre los vehículos que adquieran”, indicó.

En entrevista con GRUPO EN CONCRETO, precisó que, además, contrario a lo dicho por el titular del Ejecutivo en relación a que los ingresos recaudados derivados de la regularización de estos vehículos deberán ser destinados a la reparación de calles de las respectivas entidades federativas, el documento establece que los recursos serán destinados conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

“Es por estas particularidades que habrá que esperar la elaboración del decreto correspondiente que en su momento se llegase a publicar para realizar un análisis jurídico a profundidad”, indicó.

Te puede interesar: Buscan menor impacto por “autos chocolate”

El docente, añadió que, de acuerdo con las disposiciones vigentes del Código Fiscal de la Federación, introducir mercancías a territorio nacional omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse o no se cuente con el permiso de la autoridad competente, es considerado como delito de contrabando.

Existen, dijo, otro tipo de consecuencias legales de la circulación de los autos irregulares, pues no pagan impuestos, placas ni tarjeta de circulación, por mencionar los principales derechos, lo cual puede considerarse injusto para las personas que sí cumplen.

Además de hacer imposible identificar quienes son los propietarios de dichos automóviles cuando se ven involucrados en algún accidente vial, y por lo tanto no hay quién se haga responsable de los daños.

No obstante, lo anterior, Juárez Aguilar, resaltó que no existen indicadores suficientes para señalar que, al regularizar este tipo de vehículos, se reducirá el índice de delitos cometidos en los mismos.

“Si bien es cierto al regularizarlos se tendrá mayor certeza jurídica al poder contar con un registro e identificación de estos vehículos así como de sus propietarios, esto no quiere decir per se que el índice de delitos relacionados con el uso de los referidos vehículos disminuirá, pues es lógico que las células delictivas que verdaderamente utilizan esta clase de unidades de motor para la comisión de delitos seguirán en la ilegalidad sin llevar a cabo la regularización correspondiente”, afirmó.

En esa línea, el especialista en derecho, mencionó que, aunque aún es muy pronto para hablar de las implicaciones jurídicas que traerá el decreto que en su momento se llegue a publicar, “será interesante analizar los requisitos que se deban cumplir, así como los beneficios que se puedan obtener derivado de los ingresos recaudados y el impacto económico y financiero que conlleve la regularización de estos vehículos, tanto para las personas físicas que sean elegibles como para la industria automotriz que inminentemente podrá verse afectada”, concluyó.

Establecer reglas claras para regularizar ´autos chocolate´, pide CCE

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde Lizárraga, externó su preocupación ante el decreto presidencial, toda vez que, la importación acumulada de vehículos pesados usados de enero a octubre alcanzó 9,153 unidades que comparadas con las 7,913 importadas durante el mismo periodo del 2020, significan un crecimiento 15.7%, haciendo de 2021, el año con el mayor número de vehículos pesados importados usados desde 2014 y el tercero más alto desde 2009.

“Durante el mes de octubre, se importaron un total de 1,037 vehículos pesados usados, que comparados con los 985 importados durante el mismo mes de 2020, representaron un incremento de 5.3%. Durante dicho mes, se registró la importación de 645 tractocamiones, lo que representa un incremento de 15.0%, sí se compara con los 561 importados durante el mismo mes del año pasado”, dijo.

Lee también: Ausencia gubernamental en legalización de autos chocolate

Precisó que el crecimiento de 15.7% registrado hasta el mes de octubre, representa un incremento muy considerable si se compara con los años previos. Esta cifra ha crecido casi tres veces en comparación del periodo 2019 a 2020, en la que alcanzó un incremento del 4.2 %. De esta forma se puede concluir que la importación de vehículos chatarra se ha incrementado recientemente.

“La importación desmedida de vehículos chatarra se genera, entre otros factores, porque muchos de estos vehículos ya no cumplen los estándares para circular en Estados Unidos, por lo cual son desechados en ese país por los riesgos que generan en términos de seguridad vial e impacto al medio ambiente”, señaló.

El líder de la ANPACT, no obstante, señaló, son importados al país, sin cumplir los estándares de seguridad, ni las condiciones físico-mecánicas necesarias para ofrecer una opción de movilidad segura, suficiente, eficiente y no contaminante, por lo que consideró necesario tener en México un sistema normativo y de supervisión robusto que se cumpla, para que no circulen vehículos de desecho de otro país.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, advirtió que con la legalización de “autos chocolate”, el Gobierno Federal, dará un “cheque en blanco” a la delincuencia organizada, pone en riesgo el empleo de dos millones de personas y la recaudación de IVA, ISR e ISAN e implicará una caída de 39 por ciento en ventas en el mercado nacional.

“Es un atentado contra las empresas y los empleos en México en un afán de conquista de simpatías o aprobación política.  Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte; pero no respaldamos medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioran la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y de terceros”, dijo.

Por ello, llamó a las autoridades a que sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido, puesto que la regularización de los vehículos de contrabando es convertir a México en un basurero automotriz.

El líder del sindicato patronal, añadió que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos, prueba de ello es que en el mercado nacional se han vendido 757 mil 846 vehículos ligeros durante enero-septiembre 2021, cifra que está 20.7 por ciento por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019.

Por su parte, dijo, la producción total de vehículos ligeros está 23.8% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia y, tan solo la producción registrada en septiembre de 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010.

“El sector automotriz ha experimentado una serie de afectaciones que han ralentizado su recuperación, entre las que destacan el incremento del precio de materias primas como el acero y el desabasto de semiconductores (chips) en el mercado global, así como los procesos laborales para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como parte de lo establecido en el T-MEC, los posibles incentivos fiscales a autos eléctricos en Estados Unidos y ésta adversa medida del gobierno mexicano”, finalizó.

Es de mencionar que con la competencia desleal que representa la regularización, las ventas en el mercado nacional podrían caer  39%  y la disposición representa un riesgo para los casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno, además de una afectación en las finanzas públicas por una caída en la recaudación, daños al medio ambiente y a la seguridad de las personas.

 288 Total de vistas

Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.