Asesta AMLO otro golpe al sector automotriz: distribuidores

Se quejan de legalización de “chocolates” a Sinaloa y Zacatecas, «sin el mínimo control»

Luego de que este domingo por la tarde, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modificaciones al decreto de legalización de autos “chocolate” al territorio mexicano, sumando a los estados de Zacatecas y Sinaloa, ampliando la vigencia de la regularización del contrabando a septiembre del 2022 para los 12 estados que abren a ilegales, cuando era para el 20 de julio, industriales automotores, externaron su preocupación por la decisión.

Piden al Ejecutivo federal, reconsiderar la medida que atenta gravemente contra el sector formal automotor al ingresar al país autos, sin el mínimo control, causando un daño a la industria nacional de autos ligeros de 200 mil unidades que dejarán de comercializarse.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), indicó que enfrentan no sólo un procedimiento viciado, sino que las consecuencias que tendrá, repercutirá negativamente en la comercialización de vehículos nuevos y usados por lo que se mantiene firme, la posibilidad de que presenten el recurso de amparo tanto por este decreto como por el que se publicó anteriormente.

“Los riesgos que estará enfrentando no solo el mercado automotor sino la legalidad de los procedimientos instaurados por el gobierno federal, como el artículo 6 que inserta una modificación en la regularización donde el propietario del vehículo usado de procedencia extranjera debe presentar al Registro Público Vehicular, a través de medios electrónicos la manifestación bajo protesta de decir verdad con los documentos que correspondan, así como la constancia por aprovechamiento de 2 mil 500 pesos y una vez que se reciba , lo remitirá a la Agencia Nacional de Aduanas de México y se tendrá como acreditada la estancia en el país”, dijo.

Esto agregó, carece del mínimo elemento de control por parte del gobierno mexicano para asegurar que los vehículos no cuentan con condiciones externas calidad mecánica que evite su circulación y deja de lado cualquier consideración de llevar a cabo la verificación de contaminantes.

Indicó que esto, no solo vulnera el marco jurídico mexicano sino que abre la puerta aún más para que los vehículos que siguen entrando en contrabando se incrementen en número, es decir, el compromiso asumido por el Presidente López Obrador de que únicamente se daría la regularización para vehículos que se encontraran en nuestro país antes del 20 de octubre 2021 no ocurrirá, se está permitiendo que los vehículos que están entrando se puedan regularizar y se invite a que sigan entrando a través del contrabando.

Esto porque no hay dentro del procedimiento que se está instituyendo, forma alguna que se pueda acreditar que los vehículos estuvieron en México antes de esa fecha, lo que si hubiera ocurrido si hubieran perfeccionado la revisión del historial vehicular a través de la responsabilidad solidaria de un agente aduanal y por supuesto con los mecanismos de control de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

“Este procedimiento está viciado con consecuencias graves de afectación al mercado formal de vehículos usados y nuevos”, acotó.

Por su parte, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indicó que, si de por sí el decreto anterior era preocupante, estas modificaciones lo son más al no estar manejado por las aduanas la introducción de vehículos.

“No cuidar el estado de derecho lo único que hace es crear mayor incertidumbre respecto a lo que podemos esperar, nosotros cada vez más somos exigidos para dar cumplimiento a toda una serie de disposiciones que tienen que ver con las emisiones contaminantes de los vehículos y los tipos de seguridad y los que han sido internados al país de manera ilícita no tienen que dar cumplimiento a estas disposiciones sino simplemente mediante regularizarán con requerimientos mínimos”, indicó.

Adicionalmente, explicó, son 12 los estados donde podrá llevarse a cabo esta regularización y sin ningún control respecto a la fecha en que hayan ingresado al país con severas repercusiones para el mercado interno que no ha logrado recuperarse por la pandemia.

En su oportunidad, Miguel Elizalde Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dijo que estas nuevas medidas para facilitar la regularización, es contrario al estado de derecho y poniendo en riesgo la seguridad con una total discrepancia normativa, cuando se debería estar apostando por la renovación del parque vehicular.

“Estamos retrocediendo y con medidas como la publicada este domingo, se está creando un precedente negativo para la inversión y para el desarrollo y no el mundo al revés, contra la recaudación fiscal, empleo y respeto al orden jurídico establecido. El llamado desde el sector automotor, es para que reconsidere estos escenarios y podamos construir de la mano con el sector automotor las mejores formas para poder renovar el parque vehicular y mejorar la competitividad”, concluyó.