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Un día después de la reforma eléctrica

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Agrupaciones, industrias organizadas y organismos sectoriales que conforman las diferentes actividades productivas del país coinciden en advertir sobre “una catástrofe” para México de aprobarse, el próximo domingo 17 de abril, la iniciativa de reforma energética enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.

El ex directivo del Cenace y especialista Carlos Ramírez Elizondo llama a los legisladores a revisar a conciencia cada uno de los artículos transitorios antes de decidir, porque se puede incurrir en afectaciones al patrimonio nacional, ya que el Estado tendrá que pagar indemnizaciones millonarias no contempladas, a las partes afectadas, si se aprueban en los términos que están redactados.

Advirtió que la reforma constitucional, pretende que la CFE sea juez y parte en la generación, transporte, distribución, abasto y comercialización del fluido eléctrico, al considerar estas actividades “exclusivas de la Nación”.

Ramírez Elizondo consideró que sería interesante observar qué haría la CFE cuando quisiera comprar energía a una empresa al día siguiente de la reforma constitucional, ya que al estar impedida por carecer de los permisos ésta le puede responder: “no puedo venderte, porque no tengo permiso, ya que el cambio a la Constitución, me lo quitó y no me indemnizó y tú CFE, careces de facultades para emitir permisos o concesiones, o lo que se defina”.

Si desaparece el Cenace, no existirá un encargado de garantizar el libre acceso a la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución, ni habrá atención al mercado eléctrico mayorista, en el que los participantes, realizan compra–venta de energía eléctrica y servicios conexos, derechos financieros de transmisión y certificados de energías limpias, entre otros.

Por ello, recomendó a los legisladores poner especial atención al artículo primero transitorio del decreto de reforma Constitucional, en caso de aprobarse, pues dispone que “entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, lo que dejaría sin oportunidad a la sociedad y afectados en general de que se enteren y conozcan suficientemente la reforma constitucional.

El aval a la reforma energética reduce la competitividad del país: IMCO

Especialistas de las industrias automotriz y manufacturera, así como el sector bancario, prevén consecuencias millonarias y apagones inmediatos para las familias, así como la persistencia de incertidumbre y freno inversiones al ser violatoria de acuerdos comerciales y no garantizar la inversión. Estas son las respuestas y la historia.

La industria y empresarios organizados del país reconocen la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, observan que con la pretensión del Gobierno federal, solo se creará un monopolio y será juez y parte en la generación, transporte, distribución, abasto y comercialización del fluido eléctrico, al considerar estas actividades “exclusivas de la nación”.

Una de las principales preocupaciones de la reforma eléctrica, es que desaparece el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo responsable de garantizar la imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión, las Redes Generales de Distribución y determinar el precio de la energía.

REFORMA TÓXICA

En entrevista con En Concreto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, dijo que se trata de una reforma “tóxica” con implicaciones negativas al desaparecer además del Cenace, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“Es un duro golpe contra un principio básico de una economía sana: la libre competencia. Atenta contra la inversión, las finanzas públicas y los tratados internacionales, y tóxica para las familias mexicanas porque la ineficiencia de CFE le pegará a nuestros bolsillos de una manera u otra.”

Decisión de Corte sobre LIE vulnera acuerdos internacionales: Coparmex.

Explicó que con datos de la CRE a septiembre de 2021, la energía que genera CFE es 4.9 veces más cara que la que produce el sector privado (1,852 pesos por megawatt hora -MWh- contra 377 pesos por MWh). Desde 2019, las empresas de generación privada han logrado reducir su costo unitario de generación (precio por MWh generado), en promedio, en 19.6%.

En específico, las plantas de energía eólica y solar han reducido su costo en 20.1 y 19.4%, respectivamente. Además, subrayó el empresario, también la CFE se ha beneficiado de la competencia, y ha logrado reducir su costo de generación en energía eólica y solar en promedio desde 2019 en 5.2 y 19.5%, respectivamente. Sin embargo, estas tecnologías solo representan el 0.2 y el 0.01% de la producción total de la Comisión.

El líder del sindicato patronal, precisó que solo se podrán esperar dos resultados: más subsidios para evitar que el precio que las personas vean en su recibo aumente desviando recursos públicos que en lugar de utilizarse para comprar medicamentos, dar mantenimiento a las escuelas o adquirir patrullas, se irá para cubrir la ineficiencia de CFE.

Y un aumento de costos de electricidad para las empresas, lo que provocará que los bienes y servicios suban de precio, entonces el golpe también lo recibirán las familias de forma indirecta. Y el gobierno no querrá asumir el costo político de subir las tarifas, por lo que optará por más subsidios y menos inversión productiva.

Medina Mora Icaza enfatizó sobre el daño al medio ambiente; recordó que la iniciativa elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL) que son un incentivo para que las personas y empresas generen energía eléctrica limpia y la CFE no tiene capacidad instalada para aumentar la participación de las energías renovables en la medida que el país lo requiere y es menos eficiente que los privados en la producción de energías limpias.

Según datos de la CRE, el costo unitario promedio de 2021 de las tecnologías de generación de energía como la eólica, solar y geotérmica de las empresas privadas es 40.2, 57 y 57.2% menor, respectivamente, frente a la operación de las plantas con las mismas tecnologías dependientes de la CFE.

Además, considerando las plantas hidroeléctricas de la CFE, durante 2021, en promedio fueron mil 162 mil 155 pesos por MWh más caras que las plantas de energía eólica y solar del sector privado.

AUMENTAN COSTOS Y BAJA CAPACIDAD

“Sin la participación de los privados, se vuelve inviable que México cumpla con su compromiso en materia de transición energética de generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 plasmado en el Acuerdo de París y en la Cumbre COP 26 en noviembre, donde los países se reunirán para combatir el cambio climático.

México llegará vergonzosamente con una propuesta de los años 70 que, apuesta por quemar carbón y combustóleo, y sin cumplir los compromisos del acuerdo. La solución al problema de CFE es apostarle a mejorar su productividad y eficiencia, ampliar su inversión en redes de distribución y, al mismo tiempo, mejorar el acceso a electricidad de calidad para todos los hogares mexicanos para reducir la pobreza energética donde 4.8 millones de mexicanos tienen problemas con el suministro de energía.”

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, advirtió que, de ser aprobada la iniciativa, minará la confianza de los inversionistas en el país, al tiempo que produciría energía eléctrica más cara y contaminante, perjudicando a toda la actividad económica, a los hogares y al erario, además de provocar un estancamiento económico en el país.

Mencionó que la legislación convierte a la CFE en organismo del Estado y establece que ésta generará al menos el 54% de la energía eléctrica, dejando al sector privado no más del restante 46%, sujeto a lo que determine la comisión.

“Se prevé la cancelación de permisos y contratos vigentes de generación eléctrica y contratos de compraventa de electricidad, en una aplicación retroactiva de la ley; asimismo se cancelarían las diversas figuras de generación privada y los permisos de autoabasto obtenidos de manera ilegal”, explicó el especialista.

Además, elimina la obligación de CFE de comprar energía mediante subastas organizadas por el Cenace, haciendo posible la negociación y contratación directa de los generadores con la Comisión.

“La cancelación de permisos de generación, de licencias y contratos vigentes, al tratarse de actos que merman la certeza jurídica de los inversionistas y violan sus derechos adquiridos, contravienen el trato justo y equitativo e incluso, podrían configurarse como expropiaciones indirectas al disminuir o eliminar el valor de las inversiones.

“Aún cuando México pudiera superar la ilegalidad de la expropiación, alegando causas de utilidad pública, estaría obligado al pago de indemnizaciones (cuyos montos estarían sujetos a impugnaciones subsecuentes) bajo los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados”, apuntó.

Serrano, precisó que en el caso del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, se hizo el compromiso de asegurar que leyes y políticas ambientales y lejos de cumplir con dichas metas, la cancelación de los CEL y la alteración del orden de despacho para privilegiar fuentes contaminantes, relegando a las renovables, contraviene de manera directa los compromisos adoptados por México, frena el avance hacia las citadas metas al desincentivar la inversión en proyectos de energías limpias.

SANO DESARROLLO

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Alejandro Hernández Bringas, consideró que de aprobarse la iniciativa se generarán situaciones negativas, tales como la desaparición de la CRE y la CNH que reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.

Se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores y se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a nuestros competidores comerciales internacionales, entre otras cosas.

“Exhortamos al Congreso de la Unión a analizar a fondo los impactos de la iniciativa, anteponiendo el interés de la nación a consideraciones políticas y de esta forma, garantizar el respeto a nuestra Carta Magna.”

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) José Zozaya, señaló que la reforma del Ejecutivo “puede traer consecuencias catastróficas de no tomarse en cuenta  la argumentación y la información que como sector estamos dando y estamos manifestando, creo que debemos de pelear todos y lo dije como sector, en la parte del sector automotriz, en la parte que la afectación es social, por el número de empleos que se podrían poner en riesgo en este país y estoy hablando de empleos bien pagados y no de salarios mínimos.

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