Banco Bienestar en la mira del IMCO por opacidad

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que el Banco del Bienestar, uno de las instituciones emblemáticas de la actual administración, está a la deriva y en tela de juicio por la poca transparencia en el manejo de comprar públicas, además de una planeación deficiente en el uso de recursos y demasiada opacidad.

Al dar a conocer los resultados de un estudio a la institución bancaria creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como un proyecto prioritario para promover el acceso de la población vulnerable a servicios financieros, facilitar la dispersión de apoyos económicos del gobierno, y asegurar el acceso de la población mexicana a las remesas, el IMCO detectó varias irregularidades que parten desde el incumplimiento de la meta de construir del año pasado que era tener 2 mil 700 sucursales.

Cuestionó este rezago porque en los planes del proyecto, se plantea que para 2023 la construcción de 2 mil 744 sucursales a lo largo y ancho del país cuando no se ha concretado lo prometido para el año pasado.

El IMCO publicó que 55% de las sucursales se encuentran en ejecución o sin construir. De acuerdo con la meta planteada, la Sedena debía construir 2 mil 700 sucursales para finales de 2021. Sin embargo, a febrero de 2022 únicamente han sido construidas mil 212 sucursales. El nivel de rezago es dispar en el país. Los estados con mayor porcentaje de rezago en la construcción son Jalisco (80%), Quintana Roo (79%), Guerrero (78%) y Nayarit (70%); mientras que en Baja California Sur (0%), Sinaloa (22%), Zacatecas (22%) y Durango (26%) se han construido todas o la mayoría de las sucursales proyectadas.

El estudio destaca que el objetivo planteado fue incrementar la inclusión financiera entre la población vulnerable, pero no es posible identificar un criterio específico para la evaluación del cumplimiento de esta meta. A la fecha, los 26 municipios del país con mayor porcentaje de población en pobreza no cuentan con ninguna sucursal del Banco de Bienestar en operación.

En cuanto a las compras públicas del Banco y la Sedena se detectó una planeación insuficiente en el equipamiento de sucursales.

“El alto monto contratado por adjudicación directa y la cancelación de contratos por más de 27 mil millones de pesos para la adquisición de cajeros automáticos y servicios de transacciones bancarias genera costos adicionales y reflejan una administración deficiente de los recursos.”

El Instituto, detectó que, como ejecutora del plan de expansión del Banco, la Sedena adquirió bienes para todas las sucursales sin que estuvieran construidas en su totalidad. “Esto indica falta de coordinación en su labor: el ritmo de construcción, más lento de lo planeado, no ha sido coherente con las dinámicas de compras públicas de equipamiento para las sucursales”.

Hay en promedio menos de una persona por sucursal en operación y la falta de planeación y gestión del proyecto impacta en la plantilla laboral porque hay 674 personas encargadas de atender la totalidad de las sucursales, un número bajo de personal al considerar las sucursales actualmente en operación.

Además, existe opacidad en la información pública toda vez que el dato sobre el gasto para la construcción de las sucursales no está disponible pues si bien, los contratos públicos realizados por la Sedena refieren a compras de equipamiento, falta conocer en qué se ha gastado 74% del presupuesto asignado para la construcción de sucursales.

El Centro de Investigación, recordó que, aunque existe la obligación de publicar la información de compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en Compranet, el nivel de publicación de los documentos es insuficiente.

Prueba de ello es que 49% de los contratos de la Sedena y 26% del Banco del Bienestar en 2021 no fueron publicados en las plataformas oficiales de compras públicas, lo que implica un incumplimiento de la ley de transparencia.

“El proyecto del Banco del Bienestar refleja irregularidades en la información, construcción a marchas forzadas, cancelación de contratos, riesgos de corrupción en la compra de bienes y servicios, mayores costos y desafíos operativos”, acotó el IMCO.

Frente a ese escenario, propuso crear planes realistas y detallados que incluyan evaluaciones de costo-beneficio, montos estimados y fechas de entrega, transparentar los contratos de las compras públicas, así como asegurar que los convenios entre instituciones públicas estén regulados por la ley y, en todo caso, sean un proceso de excepción como la adjudicación directa o invitación restringida.

Así también, generar un identificador de compras para cada proyecto prioritario y ampliar la información disponible y facilitar la inscripción en el registro de proveedores de gobierno.