Podría perder grado de inversión la deuda del Gobierno federal: Intercam

Santiago Fernández, analista de Intercam Banco (Intercam), señala que el 17 de abril, la agencia calificadora Moody’s recortó la calificación crediticia de México y de PEMEX. La calificación del soberano pasó de A3 a Baa1 y mantuvo su perspectiva negativa, mientras que, en PEMEX, la calificación se redujo a ‘grado especulativo’, al nivel Ba2; con perspectiva negativa.

Asimismo, el analista opina que, hacia adelante, se mantienen riesgos importantes de ver un mayor deterioro de la calificación crediticia del país y los riesgos de pérdida de grado de inversión son de consideración.

En el documento de análisis opinión “Moody’s recorta calificación de México y PEMEX”, el especialista señala que la evaluación de Moody’s es particularmente negativa y confirma que, de no haber un giro importante en el marco de políticas públicas, México se encamina a perder el grado de inversión.

Agrega que la perspectiva negativa de México responde al riesgo de un mayor deterioro del crecimiento económico del país y su posición fiscal, por lo que recuperar una perspectiva estable dependerá de que el gobierno retome políticas coherentes que mejoren.

En cuanto a PEMEX, señala que se confirman ya dos calificaciones de ‘grado especulativo’ por parte de dos calificadoras distintas y se espera que los fondos que no se habían deshecho de sus activos de la empresa, lo hagan por la inviabilidad de sostenerlos por más tiempo.

En relación a la calificación crediticia de México detalla que las razones del ajuste son tres: deterioro de la perspectiva de crecimiento económico a mediano plazo, la erosión de la fortaleza fiscal del país por la débil posición financiera y operativa de PEMEX, y un debilitamiento de las capacidades institucionales y de la definición de políticas públicas en el país.

En el caso de México, Moody’s espera ver un bajo crecimiento económico en el país a mediano plazo. Aun excluyendo la contracción económica esperada para este año, la calificadora espera ver un promedio de crecimiento de 2% entre 2021-2023, cifra menor al 2.7% registrado entre 2010-2019.

Esto por las decisiones de política pública que han minado la confianza de empresarios que afectará la inversión (la cancelación del NAICM, falta de claridad sobre el papel de inversión privada en el sector de la electricidad, cancelación de una planta cervecera en el norte del país).

A ello se suma el impacto de la pandemia en 2020, por la disrupción de cadenas productivas, la menor demanda desde EE.UU. y las medidas de cuarentenas a nivel local. Moody’s espera un impacto especialmente fuerte al sector turismo y al manufacturero-exportador. La respuesta del gobierno ante este escenario ha sido débil, con un estímulo insuficiente.

Moody’s considera que PEMEX es muy vulnerable a la situación poco favorable que atraviesa el sector petrolero a nivel global y reitera su preocupación por la discontinuidad en la Reforma Energética aprobada en 2014.

La ausencia de inversión privada obliga a que todas las necesidades de capital de la empresa deban ser cubiertas con recursos públicos. El colapso de los precios del petróleo no hace más que acentuar el problema.

Moody’s considera que respaldar a PEMEX para compensar flujos de caja negativos y apoyar en el pago de deuda le costará al gobierno 2% del PIB cada año entre 2020-2022. Si a eso se suman las necesidades de inversión para incrementar producción y reponer reservas, la cifra incrementa a 3% del PIB cada año.

Finalmente, Moody’s considera que la calidad de las políticas públicas y la capacidad de respuesta institucional ante choques se ha debilitado.

No sólo se ha deteriorado la confianza del sector privado para invertir, sino que es posible que el gobierno no pueda mantener por mucho tiempo su postura de política pública, pues existen fuertes contradicciones entre los objetivos de mantener la disciplina fiscal, atender los problemas sociales y reponer a PEMEX como agente estratégico en el sector de la energía

Además, los recortes a personal y salarios del gobierno debilitan al gobierno, minando su capacidad de responder a emergencias y choques, e incrementando la incertidumbre sobre marcos regulatorios.