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Acusan empresarios incongruencia del Gobierno en el T-MEC

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El presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Juan Carlos Pérez Góngora, aseguró que la falta de congruencia del Gobierno de México en cuanto a su política energética y a los compromisos adquiridos en el T-MEC, genera desconfianza e incertidumbre en los sectores público y privados de países aliados, por lo que debe corregirse el rumbo y buscar acuerdos que satisfagan a todas las partes.

“Por ello, hacemos un respetuoso llamado al Gobierno de México, para respetar cada uno de los acuerdos internacionales firmados ya que, al faltar a nuestras obligaciones legales, se violenta el Estado de Derecho y además habría consecuencias jurídicas y económicas que los mexicanos pagaremos con nuestros impuestos”, alertó.

El líder empresarial, señaló que la reciente solicitud de consultas en el marco del T-MEC de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá es una muestra del pésimo manejo de nuestras relaciones comerciales y política exterior y empeoran la imagen de nuestro país en el extranjero.

En ese sentido, le aclaró al Ejecutivo federal que este no es un tema político sino un asunto legal y comercial que la mayoría en el Senado avaló. “Es tiempo de madurar y afrontar con seriedad los retos del T-MEC y evitar el proteccionismo que su administración ha generado, pretendiendo beneficiar a la CFE y a PEMEX”.

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El líder del CEM, agregó que el respeto a la legalidad, la transparencia y la honestidad son un reclamo de todos los empresarios de México y es de vital importancia dar certeza jurídica a nuestros socios comerciales, para que fluya el crecimiento de las inversiones del extranjero en nuestro país y afrontemos unidos los retos que plantea la economía global.

El empresario regiomontano, subrayó que el T-MEC tiene mecanismos jurídicos, que pueden llevar a la reparación del daño causado por las medidas impuestas por el Gobierno federal, y “si el presidente López Obrador y sus funcionarios tienen tanta confianza en que no violentan el tratado, los exhortamos a empeñar no sólo su palabra, sino su patrimonio para garantizar el pago a los daños causados por sus decisiones y políticas contra acuerdos internacionales firmados por nuestro país”.

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