Reforma eléctrica provocará imposición de aranceles de EU

De aprobarse como está, se cometerían violaciones al T-MEC: Juan Carlos Baker

Las represalias comerciales contra México por la aprobación de la reforma eléctrica que incluye cancelación de contratos, podría venir al año o año y medio y cualquier país ya puede demandar a nuestro país, lo que es un retroceso jurídico que viola los tratados de libre comercio que México ha suscrito y es un atentado a la competitividad que tendrá consecuencias.

Juan Carlos Baker, ex subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de la Secretaría de Economía y experto especialista en negociaciones comerciales internacionales, dijo que aunque México se reservó en el T-MEC la parte de transmisión de energía eléctrica, está muy acotada y todo lo que la iniciativa pretende hacer de regresarle las capacidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es compatible con dichas reservas e implica que se estén cerrando mercados.

“Como estado mexicano ahí, tenemos que garantizar primero que no va a haber discriminación, que vamos a otorgar trato nacional, que vamos a respetar las condiciones en las cuales la inversión llegó a nuestro país y desde luego que en algún momento dado si se llegan a tener una serie de expropiaciones ya sea directas o indirectas, efectivamente el estado mexicano tendrá que responder por ello. También he escuchado muchos debates de que en el T-MEC esas cosas no fueron incorporadas, pero eso es incorrecto, si vamos al anexo 14 están previstas”, indicó.

Precisó que no sólo se afectarían de las empresas inversionistas los fierros que metieron sino la perspectiva de negocios que se tenía y el valor que pueden perder si cotizan en Bolsa los proyectos, entonces, es un número que se va conformando y “no hay duda que la reforma como está prevista, no contempla de ninguna manera cubrir indemnizaciones o resarcir el daño”, violando totalmente el acuerdo trilateral.

Durante su participación en la mesa de análisis del Foro Diálogo Abierto sobre la #Reforma Eléctrica y sus implicaciones al bienestar desde la perspectiva internacional, Baker, indicó que una tercera afectación por esta legislación se da en el capítulo empresas propiedad del estado.

“El objetivo básico de este capítulo, es garantizar que las empresas del estado, independientemente del nombre, que sea controlada por el gobierno, no puede obtener beneficios que cambien las condiciones de paridad y de competitividad en el mercado de piso parejo y otro punto tiene que ver con cuestiones regulatorias, ambientales y cosas que tienen que ver con la facilitación del comercio y son compromisos horizontales que se tienen que cumplir”; dijo.

Sobre qué puede pasar al aprobarse la legislación, el ex funcionario federal, señaló que no se puede violar la ley pensando que no se dirá nada porque además está en riesgo la imagen y confiabilidad del país y hay dos caminos: “Algunos de esos compromisos son del estado mexicano por lo tanto, si hay un país, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, que consideren que vale la pena llevar a México a un proceso de solución de controversias, la verdad es que ya lo podrían hacer en este momento porque los tratados consideran que no es necesario que la medida entre en vigor para que se pueda iniciar un proceso de consulta.

“Se puede hacer con anticipación y también desde luego, si un inversionista en lo individual piensa que sus derechos han sido violados, desde luego que puede solicitar un proceso de arbitraje, pero son dos caminos por separado y ambos en este momento tendrían una suficiencia de argumentos para poder ser tomados bastante en serio”, añadió.

Agregó que debemos ser muy conscientes de que estamos pegándole al corazón de la competitividad del país, que desde hace muchos años tiene una vocación de comercio exterior y actualmente entre el 70 y 72% del PIB del país se explica por las operaciones de ese tipo y en medio de la pandemia lo que está teniendo dinamismo son las exportaciones, suena más difícil de entender porque se promueve algo que pondrá en riesgo la competitividad, la relación comercial con los países socios y en el mediano plazo, la economía no podrá ser anfitrión ni de semiconductores ni nada cuando no podemos ni siquiera garantizar energía suficiente.

Por su parte, la senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación del T-MEC, indicó que se trata de una reforma regresiva para el país por lo que adelantó que su voto irá en contra, dado a que por “ningún lado le encuentro beneficios”.

Indicó que las violaciones a los tratados por la reforma, abre la puerta a la activación de mecanismos de solución de controversias que están previstos en los mismos y que pueden aplicarse por un inversionista en contra del estado mexicano o incluso, a escalar conflictos entre Estados.

“Es una reforma política por sus efectos, la iniciativa toca aspectos constitucionales de nuestro orden constitucional, altera las reglas del juego para los actores privados que participan en el sector, nacionaliza recursos, desaparece órganos del estado e incluso cancela contratos vigentes y por lo tanto afecta también el ámbito de los particulares, con el añadido de que viola acuerdos y compromisos internacionales, es además un modelo de control político que se basa en la restructuración del sector eléctrico como un monopolio”, indicó.

En su oportunidad, la directora general de México en Acclaim Energy, María José Treviño, señaló que a pesar de que la Secretaría de Economía Tatiana Clouthier, señala que no hay riesgo de pérdida de inversiones con esta reforma, si se resta interés en inversión, se genera incertidumbre, se ahuyenta la inversión y esta iniciativa propone que la CFE diga cómo, cuándo y a qué precio adquirir la energía del 46% que podrían destinar a la generación privada.

“Entonces, las empresas que han establecido su inversión y negocio en México, ya cuentan con una corrida financiera, proyecciones sobre todos los elementos bajo las reglas actuales. Este cambio de reglas por supuesto, genera una incertidumbre y provoca una falta de inversión o falta de interés del inversionista”.