Política energética de la 4T, inhibe inversiones: CCE

Con las decisiones tomadas en el Congreso de la Unión, las siguientes generaciones sufrirán las consecuencias de la caída de inversión, la escasez de energía, mayores deudas con la CFE y Pemex

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), externó su preocupación por la política energética del gobierno federal tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos porque inhibirá las inversiones como ya ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que ha provocado que entre el 2018 y 2020, se registre una caída del 75% en la inversión en el sector de energía con lo que se perdió la oportunidad de crear más de 200,000 empleos, que habrían contribuido, de manera importante, a enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que con las decisiones tomadas en el Congreso de la Unión, las siguientes generaciones sufrirán las consecuencias de la caída de inversión, la escasez de energía, mayores deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) mala calidad del aire y problemas de salid derivados de la contaminación.

El presidente de la cúpula empresarial, lamentó que en las iniciativas aprobadas, no se tomaron en cuenta las propuestas del sector privado por lo que reiteró su llamado a las autoridades del gobierno federal para entablar una conversación productiva, y a anteponer el bien de México frente a las posturas ideológicas ya que en un sistema democrático, los problemas del país se resuelven entre todos, dialogando, antes de suprimir las reglas que hubieran podido apoyar, la creación de empleos, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país.

“La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Senado el día de ayer, junto con la relativa a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo, son los ejemplos más recientes de estas decisiones, que son violatorias de la Constitución y atentan contra la propiedad privada, el empleo y el desarrollo futuro de México. Ambas iniciativas cambian sorpresivamente las reglas para los inversionistas, amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales y sobre todo el medio ambiente y la salud de los mexicanos”, dijo.

El líder del CCE, que agrupa a las 12 organizaciones empresariales que en su conjunto generan más del 80% del PIB de México, mencionó que además de los impactos directos al sector eléctrico y de gasolinas, estas acciones afectarán la creación de empleos y las condiciones de bienestar para los mexicanos al inhibir la inversión en nuestro país.