Violencia y estancamiento en “Nueva Normalidad”

Luis Gonzalí, CFA. Vice President / Senior Portfolio Manager Franklin Templeton Servicios de Asesoría México, señala que todas las crisis, son disruptivas, además de que es altamente probable que la violencia repunte, no solo en México, sino en todo el mundo. Ante ello es sumamente importante que en nuestro País se logre revertir la tendencia alcista que hemos visto en la última década, de lo contrario, el estancamiento económico y social también serán parte de la “nueva normalidad”.

Gonzalí en su análisis denominado “La violencia será parte de la Nueva Normalidad”, comenta que esta crisis no es la excepción, aunque el detonante de esta crisis fue sanitario, pandemia del coronavirus, una de sus múltiples consecuencias es que vino a exacerbar muchas desigualdades que existían en lo económico, financiero, político, social y sanitario

Parta el caso de México, el especialista realiza los siguientes cuestionamientos: ¿Qué tanto impacto ha tenido la violencia en la economía mexicana? Si esperamos con certeza que la violencia y la desigualdad social repunten, ¿Qué tanto impacto podría tener en los próximos años?

Al respecto señala que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés) ha hecho un análisis muy interesante sobre el impacto que ha tenido la violencia en México, señalando que se puede dividir en:

1) Directo, es decir, los gastos que tienen que desembolsar las víctimas, los perpetradores y el gobierno debido a la violencia.

2) Indirecto, es decir, los beneficios futuros que dejará de recibir el país a raíz de la violencia, por ejemplo, la falta de inversión.

3) Efecto multiplicador, que representa los beneficios económicos que se hubieran generado si todos estos costos, gastos e inversiones perdidas se hubieran invertido en proyectos productivos.

Los números son impresionantes En esencia, el impacto de la violencia en 2019 fue de 4.57 billones de pesos, es decir, 21% del PIB de 2019. Para poner en contexto esta cifra, esto equivale a 8 veces el gasto de salud de ese año, o bien, 6 veces el gasto en educación, y es equivalente a aproximadamente al 75% del Presupuesto de Ingresos de la Federación. ¡Es una suma enorme!

No obstante, hay que tener cuidado con la forma en la que se lee esta cifra. Esto no implica que el PIB de 2019 hubiera sido 21% mayor en caso de no haber existido violencia. Lo que significa esta cifra es que los gastos directos para combatir el crimen, más todos los costos de oportunidad perdidos debido a la violencia (indirectos y efecto multiplicador) representan alrededor de 21% del PIB.

Asimismo, los costos indirectos son los más importantes. Es decir, hay un costo “oculto” asociado al crimen y la violencia, y que puede apreciarse como falta de inversión en el país, falta de confianza, o una reducción en la productividad general de las empresas.

Sin embargo, no todo el país sufre la misma cantidad de violencia. Se puede desglozar esta información por Estados. Podemos apreciar que, en los Estados más pacíficos, como Yucatán, la violencia solo le cuesta 11,714 pesos a cada habitante en términos de su ingreso anual.

En los Estados más violentos el costo es mucho mayor, como el caso de Colima, donde asciende a 83,926 pesos, lo que muestra un abismo entre los Estados y que no todo el país está tan sumergido en la violencia. Todavía existen reductos de paz que podrían ser un foco de esperanza si vemos a futuro.

Sin embargo, es altamente probable que los disturbios y la violencia se disparen en el corto plazo a raíz de la crisis que estamos viviendo. En ese sentido, plantea las siguientes alternativas:

1) Escenario base, que es que la violencia general del país repunte a los mismos niveles que los 5 Estados más violentos;

2) Escenario de pacificación, que implica que la violencia en el país se reduzca a niveles similares a los que tienen los 5 Estados más pacíficos.

De esta forma, el costo que existe entre el escenario base y el escenario de pacificación para los siguientes 4 años es de alrededor de 12.6 billones de pesos, monto que se perderá combatiendo el crimen, o bien, se perderá en oportunidades de inversión rechazadas por locales e inversionistas.