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Economía

Advierte IMCO de presiones a las finanzas públicas con “Gas Bienestar”

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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la creación del “Gas Bienestar”, añadirá presión a las finanzas, al distraer recursos que podrían emplearse para proveer mejores servicios de salud y educación entre otros , cuando se pueden emprender acciones para incentivar la competencia en el mercado del gas LP.

Indicó que si bien coincide con la necesidad de gas LP a mejores precios para los hogares mexicanos, la mejor manera de lograr ese objetivo no es mediante la creación de una nueva empresa que se financie mediante recursos públicos y la eventual implementación de precios máximos, sino a través de la promoción de mayor competencia en el mercado.

“La posible creación de una distribuidora de gas LP del Estado no solo no resolvería el problema sino que añadiría presión a las finanzas públicas, ya que el mercado se concentraría en un solo jugador que desplazaría a los participantes privados al ser la única con los recursos suficientes para poder vender gas LP a precios menores que su costo real. Tal concentración monopólica tiende a prestarse a un uso clientelar”, indicó.

El IMCO, precisó que a diferencia del gas natural que se encuentra en yacimientos, el gas LP se obtiene como subproducto del proceso de refinación del petróleo o del mismo gas natural. Aunque este insumo se produce en forma de vapor (gas), es licuado mediante un proceso de compresión y enfriamiento para convertirlo en un líquido para su distribución.

“Tener un mercado competitivo de gas LP es fundamental para los hogares del país ya que de acuerdo con datos del INEGI, 76% de ellos lo utiliza como principal combustible para la cocción de alimentos y el 36% lo emplea para calentar agua. Además, el 31% del consumo total de energía del sector residencial en México corresponde a gas LP.

Recordó que desde la liberalización del mercado del gas LP en 2017, las importaciones por parte de empresas privadas se han incrementado significativamente y hoy representan aproximadamente 70% de la demanda; alrededor del 16% lo importa Pemex y el 14% se produce en el país.

Y el alza en el precio del gas LP responde tanto a factores internos como la concentración del mercado en pocos participantes y la baja penetración de las redes de gas natural en las ciudades, como a circunstancias ajenas al país, en especial la creciente demanda en los mercados asiáticos, específicamente China e India.

En ese sentido, agregó que en un mercado abierto no es posible determinar precios por decreto.

“Aunque se establezca un precio máximo en el mercado de venta al consumidor final, los distribuidores de gas LP seguirán comprando el combustible a precios de mercado. Fijar los precios máximos por debajo de los precios de mercado internacionales tendrá un efecto negativo sobre las finanzas de la empresa de Gas del Bienestar y, por lo tanto, de las finanzas públicas. Además de incentivar la creación de un mercado negro de gas LP”, señaló.

De ahí que mencionó que entre las alternativas para tener un mercado de gas LP competitivo están las de costo-efectivas, en las que el Estado mexicano no tendría que ejercer recursos públicos significativos para facilitar el otorgamiento de permisos de importación y de distribución de gas LP al sector privado. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrían simplificar los trámites administrativos para el otorgamiento de permisos para promover la entrada de más participantes al mercado.

Indicó que las reformas a la Ley de Hidrocarburos, cuya implementación se encuentra actualmente suspendida, hacen lo contrario al elevar los costos para obtener permisos.

Asimismo, dijo que se debe dar continuidad a las investigaciones y procedimientos en curso de la Comisión Federal de Competencia Económica, (Cofece) para transitar por un mercado más competitivo.

“México necesita un mercado energético accesible y competitivo, sobre todo tratándose de un bien de uso cotidiano en la mayoría de los hogares mexicanos. La creación de una empresa del Estado no es una opción que beneficie el bolsillo de los mexicanos y las finanzas públicas del país”, concluyó.

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