S&P ratifica calificación deuda gobierno federal y PEMEX

La calificadora S&P Global Ratings (S&P) confirmó calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’ de México; la perspectiva se mantiene negativa, señalando que, a pesar del pronunciado golpe a la economía mexicana en 2020, con una contracción de alrededor de 9% del Producto Interno Bruto (PIB), y su expectativa de una recuperación lenta, el gobierno continúa aplicando políticas fiscales y monetarias contra cíclicas conservadoras.

En un comunicado de prensa señala que, si bien la deuda neta del gobierno general ha aumentado drásticamente, a alrededor de 50% del PIB este año desde 42% en 2019, en medio del mayor impacto al crecimiento desde la Gran Depresión, el déficit del gobierno general debería ser de alrededor de 3% del PIB en 2020, mucho más bajo que sus pares dada la mesurada respuesta de políticas del gobierno

Sobre la perspectiva negativa, señala que indica los riesgos de una baja de calificación durante los siguientes 12-18 meses debido a la probablemente débil recuperación económica posterior a la pandemia que acentúa el complejo manejo de la política fiscal; la creciente presión derivada de las finanzas débiles de Pemex (que representa un potencial pasivo contingente para el soberano); una baja base tributaria no petrolera, y la rigidez del gasto.

Desde su punto de vista, el perfil financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), se debilitó significativamente durante los últimos cinco años, y todavía más en 2020. Ante lo cual, continúan considerando que la probabilidad de que el soberano brinde respaldo extraordinario a Pemex es casi cierta.

Debido a ello, califica a Pemex en el mismo nivel que el soberano. Las acentuadas vulnerabilidades de Pemex, en medio de un desempeño financiero y operativo débil y limitaciones de capacidad técnica, podrían generar un pasivo contingente más importante para la calidad crediticia del soberano.

Los analistas de S&P opinan que la conducción económica efectiva que aliente la confianza de los inversionistas y la inversión privada podría mitigar la debilidad estructural del panorama de crecimiento del PIB, lo que ayudaría a reforzar las finanzas públicas sólidas.

Señalan que después de las elecciones intermedias en junio de 2021, puede haber una mayor iniciativa política para reformar el régimen fiscal de México, lo que podría reforzar la flexibilidad presupuestaria y ampliar la base tributaria no petrolera. Lo anterior, aunado a las medidas para contener los potenciales pasivos contingentes que representan las empresas propiedad del gobierno en el sector de energía, podría evitar una erosión del perfil financiero del soberano. Ante ello, podrían revisar la perspectiva a estable en tal escenario en los siguientes 12 a 18 meses.

En el documento señalan que el PIB per cápita del país en 2020, se situará en unos 8,200 dólares, debido a que considera que muchos años de inversión moderada a baja del sector privado, la baja inversión del sector público en infraestructura, la calidad de la educación relativamente débil y a la incertidumbre judicial, limitan el panorama de crecimiento económico de largo plazo de México.

Recuerdan que, durante las últimas dos décadas, el crecimiento ha promediado apenas 1.5%. Después de una leve caída en 2019 y estiman que el PIB real se contraiga 9.3% en 2020 dado el impacto combinado de la pandemia de COVID-19 sobre la demanda interna y externa, y las medidas de apoyo contra cíclicas más limitadas del gobierno mexicano.

Para 2021-23, esperan una recuperación económica débil dado que la pandemia ha exacerbado las debilidades estructurales: baja inversión privada, elevados niveles de informalidad y baja penetración del crédito.

Opinan que las remesas récord de trabajadores en el extranjero respaldan el consumo en el segmento de ingresos más bajo. La recuperación económica de Estados Unidos debería continuar impulsando la demanda externa, incluida una recuperación del turismo una vez que las vacunas estén más ampliamente disponibles.