Apuesta IP por instrumento confiable de datos personales

Buscan la prevención y persecución de delitos graves, así como respuesta a las amenazas de seguridad

Organismos empresariales comparten el compromiso de desarrollar un instrumento que establezca principios de alto nivel u orientación para el acceso fiable de los gobiernos a los datos personales en poder del sector privado y con ello, ayudar en la prevención y persecución de delitos graves, así como en la respuesta las amenazadas de seguridad, pero además a un crecimiento del PIB mundial por transferencia de datos de 2.8 billones de pesos y un comercio mundial de bienes de 11 billones de pesos para el 2025.

En la declaración empresarial conjunta sobre el trabajo del Comité de políticas de economía digital de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Economico (OCDE), celebraron al Comité de Políticas de Economía Digital del organismo internacional por su esfuerzo por reafirmar la confianza y minimizar las interrupciones en los flujos de datos globales que han provocado desanimo a las personas, empresas y gobiernos para participar en la economía global con un impacto negativo en el crecimiento económico en un momento en que la recuperación económica es prioridad de los gobiernos.

“Este valor es compartido por industrias tradicionales como la agricultura, la logística y la manufactura, que alcanzan 75% del valor de las transferencias de datos. Con el 60% del PIB mundial digitalizado para 2022, y el crecimiento en todas las industrias impulsado por los flujos de datos y la tecnología digital, las interrupciones en los flujos de datos transfronterizos tendrán amplias repercusiones que pueden conducir a una reducción de las ganancias potenciales del PIB, desalentar inversiones en los mercados locales, la pérdida de empleos y en consecuencia, la pérdida de bienestar”, señalaron.

En ese sentido, organismos como la International Chamber off Comerce (ICC) consideran que la preocupación por el acceso de los gobiernos está impactando directamente los flujos de datos globales ya que la falta de claridad, transparencia y consistencia entre los enfoques nacionales para el acceso de las autoridades a los datos ha provocado un crecimiento constante en el número y en la restricción de las medidas para limitar los flujos de datos transfronterizos.

Por ejemplo, las diferencias de los enfoques entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos en cuanto a la protección de datos personales han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al fallo del Comisionado de Protección de Datos contra Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems .

“Las medidas de localización obligatoria de datos afectan tanto a las empresas locales que operan en una sola jurisdicción (por ejemplo, impidiéndoles acceder a productos y servicios globales, cadenas de suministro globales y clientes en mercados extranjeros), como a empresas multinacionales que operan en múltiples jurisdicciones (lo que dificulta, por ejemplo, administrar las funciones de contratación y recursos humanos desde una sola sede, evaluar el desempeño de los vehículos conectados desde un solo centro de investigación y analizar las amenazas de ciberseguridad en diferentes puntos de las redes de comunicaciones”, dijo.

Agregó que esto afecta aún más a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) ya que los mandatos de duplicación de datos también aumentan el coste de hacer negocios en una jurisdicción al exigir a las empresas que mantengan una copia de seguridad de los datos constantemente actualizada en el país.

Por ello, las empresas llaman a articular prácticas comunes compartidas por los miembros de la OCDE sobre el acceso gubernamental confiable a los datos personales en poder del sector privado y enmarcar estos temas dentro de un marco de políticas de transformación digital más amplio, adoptando un enfoque más holístico que consideraría otros puntos de vista y acuerdos de políticas relevantes.

Agregó que los gobiernos que apoyen este proyecto deben reconocer la importancia y la necesidad de resiliencia de dichas soluciones y trabajar con los reguladores y las empresas para asegurar una orientación armonizada y pragmática que refleje estos principios comunes a los miembros de la OCDE.